UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

Facultad de Ciencias Jurídicas


 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE “SEMINARIO SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL  II”

PAMELA LUQUES.

A)Hechos:

 El caso trata sobre la defunción por asfixia de una menor de 13 años en un depósito artificial de aguas, producido como consecuencia de excavaciones realizadas  por  una  firma  concesionaria  en  terrenos  del  Ejercito  Argentino  (Estado nacional).

Los padres de la niña accionan por reclamo de reparación del daño causado, atribuyendo la responsabilidad al demandado. 

Estudio del caso desde todas las aristas que presenta:

 La muerte de la menor constituye jurídicamente la existencia de un daño reparable. El dominio y guarda de la cosa corresponde al Estado Nacional, con lo que quedan conformados los tres elementos básicos de toda situación de reparación: hecho humano, daño y relación de causalidad.

 El Fallo “Ida Luisa c/ Estado Nacional s/ daños y perjuicios” establece que la admisión de la responsabilidad del estado exige demostrar la concurrencia de requisitos ineludibles, tales son: la existencia de una daño cierto; la relación de causalidad entre el accionar del Estado y un perjuicio y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños. Y no es posible prescindir de la apreciación de la influencia causal relativa a la culpa de la victima, si es que ella se verifica.

 La responsabilidad Subjetiva.

 Los elementos específicos son la antijuridicidad, imputabilidad y culpabilidad. En este caso sólo aludimos al último ya que resulta puntual para el análisis.

 En este caso se trataría de un obrar culpable del dueño del terreno (estado Nacional), basado en que no existe cercamiento o valla alguna, ni se encuentran carteles indicadores, tampoco había guardia presente, por lo que evidentemente hay una falta de previsión.

 El principio general del art. 1109 del C.C. establece que todo el que ejecuta un hecho que por su culpa o negligencia ocasiona una daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio.

Este artículo sienta el principio fundamental del sistema de responsabilidad extracontractual: todo acto de culpa compromete esa responsabilidad y obliga al culpable a indemnizar el daño que hubiese causado.

 El Anteproyecto de Bibiloni establece en su artículo 1384 que “Habrá daño siempre que se causare a otro algún perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria en su persona, bienes o derechos”

Por su parte, el  Proyecto de 1993 de Unificación Civil y Comercial establece en su art. 1109 que “La adjudicación de un daño al agente que lo causa, puede basarse en factores subjetivos en grado de dolo o culpa, o en factores objetivos de atribución”. Este artículo destaca en el primer párrafo que el daño puede adjudicarse al agente en razón del dolo o culpa de éste y, además, siempre que existan razones de justicia que el ordenamiento contemple a tales fines al margen de la culpa. El precepto supera las deficiencias técnicas del actual art. 1109 y amplía el campo de éste, pues alude a los factores subjetivos y a los factores objetivos de atribución.

En la segunda parte del texto, se introduce, junto a la idea de solidaridad de los copartícipes, la de obligación indistinta o concurrente.

 Podemos mencionar el concepto de culpa. Consiste en la omisión de la diligencia exigible al agente es la conducta contraria al deber de prevenir las consecuencias previsibles del hecho propio; la impericia, negligencia o imprudencia que impide conducirse de acuerdo con el deber de respetar las disposiciones jurídicas, según lo dicho por Jorge Mosset Iturraspe; la falta del deber de atención y previsión al decir de Jiménez de Asúa. Para Chironi culpa es “omisión de diligencias en el cálculo de las consecuencias injuriosas probables del hecho u omisión propia”.

Para Bustamante Alsina, la culpa se caracteriza por la ausencia de intención maléfica y por la omisión de la conducta debida, positiva o negativa, para prever o evitar un daño a otro. Por último Borda define culpa como la omisión de las diligencias que correspondieren según las circunstancias de tiempo, lugar y medio.

 Responsabilidad del Estado:

De la completa irresponsabilidad del Estado, la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional ha pasado a admitir una responsabilidad cada vez más completa. Las principales etapas de evolución son las siguientes:

a)       Durante muchos años aplicó cerradamente el art. 43, declarando la irresponsabilidad del Estado sea por delitos o cuasidelitos.

b)       En 1933 hizo lugar a una demanda por reparación de los daños ocasionados por empleados de la nación, cuya negligencia al reparar una línea telegráfica había provocado el incendio de un campo (caso Devoto c/ Gobierno Nacional).

c)       La distinción entre actuación del Estado como persona jurídica y como poder público quedó eliminada en 1938, en que acogió una demanda por daños y perjuicios contra la Provincia de Buenos Aires, originándose en un informe erróneo del Registro de la Propiedad.

d)       Finalmente, la evolución de la jurisprudencia de la Corte quedó completada y consumada en 1941, cuando admitió una demanda por indemnización por la muerte de una persona provocada por un agente de la policía.

 La reforma del año 1968 barrió con la disposición del art. 43, estableciendo la más amplia responsabilidad de las personas jurídicas ( y el Estado es la primera y más importante persona jurídica). La responsabilidad civil del Estado por los daños a particulares, constituye actualmente un principio general receptado por la doctrina y jurisprudencia nacionales.

Podemos decir que bajo la denominación de Estado se comprende Estado Nacional, Provincial y Municipal, como así también las Entidades Autárquicas.

La responsabilidad civil es susceptible de operarse por la realización de actos de imperio, como por los de gestión y  se rige por los principios generales del sistema estructurado en el Código Civil.

 Al regular los supuestos especiales de responsabilidad, el Proyecto de 1998 trata la responsabilidad civil de estado, después de sentar en el parr. 1 del art. 1674, que “la persona jurídica responde por los hechos de quienes las dirigen o administran, realizados en ejercicio o con ocasión de sus funciones”. En el artículo siguiente ya con relación específica a la responsabilidad civil del Estado, regula el ejercicio irregular de su actividad (art. 1675). El Proyecto emplea el calificativo “ejercicio irregular” de sus funciones, para aludir a la actividad “ilícita”, que constituye el  requisito indispensable para que exista responsabilidad civil. Un acto irregular puede ser o no ilícito; y a la inversa, un acto ilícito puede ser regular por su forma u objeto. Son dos conceptos que tienen un contenido diferente y no pueden ser utilizados como sinónimos; sobre todo cuando se trata de normas legales.

 La responsabilidad objetiva por vicio o riesgo de la cosa:

 Podemos también tener en cuenta el vicio o riego del terreno. Efectivamente podemos asignar responsabilidad al dueño y guardián por el “riesgo de la cosa”: el fundo que el estado como dueño ha puesto en situación objetiva de riesgo.

 El riesgo es la eventualidad posible de que una cosa llegue a causar daño. Es simplemente una idea sobre el peligro potencial de las cosas. Esta responsabilidad se funda en haber creado el riesgo del cual proviene el daño.

El artículo 1113 abrió las puertas a una responsabilidad con base objetiva, al aludir a las “cosas peligrosas”, como factor de atribución de responsabilidad, imputación, respecto del dueño y del guardián de las mismas. Los requisitos de esta responsabilidad son la ausencia de autoría humana con respecto a la acción de una cierta cosa que no es dable calificar como hecho del hombre o acto; el daño sufrido por el demandante; la relación de causalidad entre la acción de la cosa y el daño de que se queja el demandante y la calidad de dueño o guardián de la cosa  en el demandado.

Para liberarse el dueño o guardián debe probar el rompimiento del nexo causal, es decir, que  el daño no se ha producido por el riesgo o vicio de la cosa sino por el hecho de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

 El Anteproyecto de Bibiloni establece en su artículo 1425 que “Cuando de cualquier cosa inanimada resultara daño a  alguno, su dueño responderá de la indemnización según sea prevenido en el art. 1415. Quedan comprendidas en la siguiente disposición: ...inc.8: Obras nuevas de cualquiera especie, aunque sea en lugar público y con licencia”.

Por otro lado, el  Proyecto de 1993 de Unificación Civil y Comercial establece en su art. 1113 que “En los supuestos de daños causados con las cosas el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, deberá demostrar que de su parte no hubo culpa: pero si el daño hubiera sido causado por el riesgo de la cosa, solo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad, acreditando la incidencia de una causa ajena al riesgo de ella”.

No se incluyó en el texto la responsabilidad por “actividades riesgosas” que contenía el art. 1113 del proyecto del Código Único de 1987. En un primer momento, la comisión propuso adicionar el agregado por considerarlo justo. Sin embargo, algunas opiniones pusieron de manifiesto el temor de que la directiva legal se aplicara a  algunas actividades respecto de las cuales no sería procedente o en su caso, deseable, que quedaran gobernadas por los parámetros de la responsabilidad objetiva. En virtud de ellos, se prefirió prescindir del agregado, no ya por razones jurídicas, sino por motivos de política legislativa.

 

El fallo “Alderete, Pedro P. y otra c/ Estado Nacional (Ejército Argentino) s/ Daños y perjuicios” establece que,  el Ejército Argentino es responsable por los daños causados a los padres del soldado ahogado mientras limpiaba una pileta, ya que el natatorio era potencialmente riesgoso para el conscripto que no sabía nadar, y el Estado Nacional no acreditó la culpa de la víctima como para eximirlo de responsabilidad a los términos del art. 1113 del Código Civil.

 

Culpa Concurrente:

 

En muchos casos el daño no obedece a una sola causa sino que deriva de la concurrencia de la actividad culposa de la victima y del autor.

 

Se establece la culpa concurrente  de ambas partes, en proporción al 80% a la demandada y el 20% restante a la victima y a los actores.

 

Con respecto a la culpa del demandado, por parte del Estado hay una omisión de alertar a los terceros acerca de la peligrosidad del lugar donde ocurrió el accidente, hay falta de cercamientos o vallas, tampoco se encuentran carteles indicadores, la guardia no estaba presente. Se puede presumir sobre el foso, que de la zona poco profunda a la honda aparezca una pendiente capaz de provocar una caída También hay que tener en cuenta que en las proximidades del terreno se levantan dos escuelas primarias.

Con respecto a la culpa de la victima, debemos tener en cuenta que obro con imprudencia, sabemos que meterse en aguas profundas es correr un riesgo y también hay que tener en cuenta falta de vigilancia y cuidado por parte de sus padres.

 

Nuestra jurisprudencia y doctrina ha sostenido que el reparto del perjuicio debe determinarse con arreglo a la gravedad de la culpa, sabiendo que la mayor es la del  propietario del terreno, es decir del Estado Nacional., por la consecuencia mortal ocurrida, teniendo en cuenta las características peligrosas detalladas, pero por otro lado, su responsabilidad se ve atenuada por la conducta de la victima y el incumplimiento por los actores del deber de guarda. 

 

Si el artículo 1109, obliga al agente culpable a indemnizar todo daño que ha ocasionado; y si el artículo 1111 somete al damnificado a la necesidad de soportar todo el daño que el mismo se ha causado, es lógico concluir que mediando culpa de ambos, tengan ellos que compartir el peso del daño en la medida en que cada cual contribuyó a causarlo.

 

El fallo “Lozano, Juan Emilio c/ Correo y Telecomunicaciones” establece que “corresponde declarar la existencia de culpa concurrente y responsabilizar al Estado,  a raíz del accidente sufrido por un menor al poner en movimiento una zorra abandonada momentáneamente en una estación ferroviaria por un empleado de correos y telecomunicaciones, sin seguro que la inmovilizara ni persona que la cuidara”.

 

Intereses difusos:

 

 Del Fallo de la “Municipalidad de Tandil c/ La Estrella S.A. y otro s/ Daños y perjuicios” se desprende la definición de intereses difusos. Son los que pertenecen idénticamente a una pluralidad de sujetos, en cuanto integrantes de grupos, clases o categorías de personas, ligadas en virtud de la pretensión de goce por parte de cada una de ellas, de una misma prerrogativa. De forma tal que la satisfacción del fragmento o porción de interés que atañe a cada individuo, se extiende por naturaleza a todos; del mismo modo que la lesión a cada uno afecta, simultáneamente y globalmente, a los integrantes del conjunto comunitario.

 

En el caso estudiado podemos ver la existencia de una situación de peligro común, dada la presencia de amplias y profundas excavaciones llenas de agua en terrenos urbanos, en cuya cercanía se encuentran dos escuelas primarias. Por lo que se configura una dimensión social donde intervienen intereses ajenos pero similares: la zona afectada por las obras causa serios riesgos para la población del lugar  y en especial para los niños.

 

Según lo establecido en este caso no cabe sostener que cada vez que en una causa individual aparezcan intereses difusos comprometidos, el juez pueda resolver de oficio, pero si puede y debe hacerlo cuando la legislación vigente da margen para una actuación de tal tipo.

B) La cuestión a investigar a la luz de la doctrina y jurisprudencia es  la extensión del resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados durante el tiempo en que perduró la mora del contratante incumplidor cuando se declara la resolución del contrato por el ejercicio del pacto comisorio.

 

Podemos empezar definiendo al pacto comisorio. Se llama pacto comisorio la cláusula que permite a los contratantes reclamar la resolución del contrato cuando una de ellas no ha cumplido con las obligaciones a su cargo.

 

Explica Salvat que si la resolución del contrato pudiese ser demandada por quien no lo cumplió, éste tendría en sus manos el medio de faltar impunemente al contrato y los derechos de la otra parte podrían ser fácilmente burlados.

 

El pacto comisorio expreso se presenta inserto en el artículo 1204, en una fórmula donde no se exigen términos sacramentales: ....”Las partes podrán pactar expresamente  que la resolución se produzca en caso de que alguna obligación no sea cumplida con las modalidades convenidas; en este supuesto la resolución se producirá de pleno derecho y surtirá efectos desde que la parte interesada comunique a la incumplidora, en forma fehaciente su voluntad de resolver”...

 

El Pacto Comisorio Tácito, en cambio, es una cláusula implícita en los contratos con prestaciones recíprocas establecida por disposición de la ley, en caso de que uno de los contratantes no cumpliera con su compromiso.

 

Nuestro artículo 1204 antes de la reforma importaba la aplicación extrema de la máxima pacta sunt servanda; esto significa que ninguno de ambos contratantes puede desistir del contrato arbitrariamente. Velez Sarsfield, sin embargo, estructuró por vía de excepción, un complejo sistema, pues derogó tal principio en numerosos contratos.

Esta dualidad de sistema exigía la reforma que se ha concretado, y que con anterioridad tuvo realidad legislativa a través de la nueva redacción del art. 216 del Código de Comercio, que es el texto que se ha  adoptado para nuestro Código Civil, por disposición de la ley 17.711.

En conclusión, el sistema adoptado por nuestro Código Civil importa disponer la resolución d pleno derecho por autoridad propia del acreedor.

 

Sobre el tema en cuestión podemos comenzar mencionando la clasificación efectuada por Ihering diferenciando el daño al interés negativo y el daño al interés positivo.

En su opinión la parte perjudicada por la no formalización de un contrato válido, por retractación de la oferta, nulidad, o anulación, tiene derecho a una indemnización cuyo quantum está dado por lo que denomina “interés negativo o de confianza”, consistente en el daño sufrido   a raíz de haber creído en la validez del negocio y que no hubiera padecido de haber sabido que no era válido. En la concepción de Ihering el daño negativo o de confianza se contrapone al daño positivo o de cumplimiento, que comprende todo lo que el acreedor tendría si el negocio fuera válido; este interés será exigible sólo en tal hipótesis: negocio validamente realizado.

Sobre el alcance de los intereses negativos no hay acuerdo en la doctrina, pues mientras para algunos abarca el daño emergente – gastos, perdida de tiempo- y también el lucro cesante –ganancias frustradas al no atender otra oferta- para otros, en cambio, se limita al daño emergente.

Faggella y Saleilles, en sus respectivos trabajos dedicados al tema, se ocupan del interés negativo de Ihering, al que acuerdan un sentido amplio, comprensivo del daño emergente y del lucro cesante; a la vez postulan el criterio restrictivo –que lo limita al daño emergente- puesto que a juicio de ambos, el precontratante perjudicado sólo tiene derecho a que se le indemnicen los gastos reales efectuados con motivo de las negociaciones.

 

Por su parte Llambias, en cuanto a la consistencia del daño resarcible opina que en el supuesto del contrato, es el daño al “interés negativo”

En el fallo “Ayosa, Horacio c/ Piacquadio, Sebastián s/ Resolución de Contrato” apoyándose en las enseñanzas de Llambías, estableció que de conformidad con lo que prescribe el art. 1204 del C.C ante el incumplimiento de la contraparte, el contratante cumplidor tiene una doble opción; exigir la ejecución forzada (art. 505, inc, 1 del C.C.) siendo procedente en tal caso anexar los daños moratorios (art. 508); o por el contrario, resolver el contrato, pudiendo adicionar a tal acción la de daños compensatorios (arts. 511 y 519) y, en su caso, moratorios (508). El daño resarcible en el supuesto de resolución del contrato (1204 C.C.) es el daño al interés negativo que consiste en el resarcimiento de los daños y perjuicios que el contratante cumpliente no habría sufrido, si no hubiera constituido la obligación. Se mira hacia el pasado, tratando de restablecer el estatuquo patrimonial anterior a la constitución de la obligación que ha resultado desvanecida. Entre los posibles daños que puedan representar el interés negativo del acreedor, cabe mencionar los siguientes: gastos que efectuará con motivo de la esperada prestación, gastos realizados con motivo de la celebración del contrato, sellados, comisiones traslados, etc.

 

 

Ahora, debemos tener presente el fallo plenario de la Cámara Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Civit, Juan c/ Progress S.A. y otro” el cual establece que la distinción del daño en interés negativo y del daño al interés positivo no es más que una clasificación doctrinaria, que nació con Ihering y que tuvo por objeto sustentar la teoría de la responsabilidad precontractual.

 

El artículo 1204 del Código Civil, no hace distinción alguna y concede al acreedor que ha cumplido con las prestaciones a su cargo el derecho de exigir, o bien, el cumplimiento del contrato, o en su defecto, la resolución. En ambos casos le otorga también el derecho a reclamar el resarcimiento por los daños y perjuicios

 

Por su parte, el artículo 509 del Código Civil establece que dentro del concepto de daños e interese se comprende el valor de la pérdida sufrida, es decir, el daño emergente, y también la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor de la obligación por la inejecución de ésta a debido tiempo, o sea, el lucro cesante.

 

Por lo tanto, cualquiera sea la posición que adopte el acreedor, tiene derecho a obtener la reparación de todo menoscabo que haya experimentado en su patrimonio, con la única limitación impuesta por el artículo 520 en tanto sólo comprende aquellos daños e intereses que fueren consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento de la obligación.

 

El fallo mencionado anteriormente resolvió que al declarase la resolución del contrato por el ejercicio del pacto comisorio, es viable el resarcimiento del lucro cesante por los daños y perjuicios ocasionados durante el tiempo en que duró la mora del contratante incumplidor.

 

Por último podemos mencionar la “recomendación” de la V Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, procesal e Informático, celebrada en Junín en 1992, que fue la siguiente: Son indemnizables todos los daños patrimoniales y morales, vinculados en relación de causalidad adecuada con el hecho generador de responsabilidad. El resarcimiento en nuestro Derecho, debe ser integral y no limitarse al interés negativo en el sentido de Ihering, o sea al daño emergente. Debe comprender el resarcimiento de los daños que sean consecuencia inmediata y también mediata cuando el autor del hecho ...”las hubiera previsto, y cuando empleando la debida atención y conocimiento de la cosa, haya podido preverlas”...(art. 904).

BIBLIOGRAFÍA:

 -Responsabilidad por daños. Tomo I. Jorge Mosset Iturraspe. Rubinzal-Culzoni-Editores.

 -Responsabilidad por daños. Tomo III. Jorge Mosset Iturraspe. Rubinzal-Culzoni-Editores.

 -Responsabilidad por daños. Tomo IV. Jorge Mosset Iturraspe. Rubinzal-Culzoni-Editores.

 -Temas de Responsabilidad Civil- Alterini.

 -Curso de obligaciones- Alterini. Abeledo Perrot.

 -Tratado de Derecho Civil. Obigaciones. Tomo II. Borda. Editorial Perrot.

 -Anteproyecto de Juan Antonio Bibiloni. Tomo II. Soc. Anón. De Impresiones Generales.

 -Unificación de la legislación Civil y Comercial. Proyecto 1993. Zavalia.

 -Estudios sobre el proyecto de Código Unificado de 1998. Brebbia. Zavalia.

 -Tratado de Derecho Civil. Obligaciones. Tomo I. Llambias.

 -Contratos. Mosset Iturraspe.

 Fallos:

 -“Jiménez, Domingo y otra c/ estado nacional (Ejército Argentino) s/ daños y perjuicios”. La ley – (t.1989-C).

 -“Alderete, Pedro y Otra c/ Estado Nacional (Ejercito Argentino) s/ daños y perjuicios”. Cam.Nac.Cont.Adm.Fed.Sala IV.

 -Lozano, Juan Emilio c/ Correo y Telecomunicaciones T.211 p.1429.

 -Ida Luisa c/ Estado nacional s/ Daños y Perjuicios. 05/10/93.

 -Municipalidad de Tandil c/ La Estrella S.A. y otros s/ Daños y perjuicios. JA 1997 III.

 -“Civit, Juan c/Progress S.A. y otro s/ Resolución del Contrato”.

 -“Ayosa, Horacio c/ Piacquadio sebastián s/ Resolución del Contrato”.