Instituto de Informática Jurídica

Universidad del Salvador

"Las Ciencias Jurídicas y las nuevas tecnologías"

La Reforma al Proceso Civil

Por Roland Arazi

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1. El Proyecto de Reforma al Proceso Civil, elaborado por los Dres. Augusto M. Morello, Isidoro Eisner, Mario E. Kaminker y Roland Arazi, se asienta sobre tres principios básicos, a saber: a) la conclusión del litigio por acuerdo de las partes, privilegiándose la conciliación, b) la simplificación de los trámites del procedimiento y c) la inmediación.

2. La reforma debe ir acompañada de una ley de implementación, en la que se contemple una modificación de la competencia de los tribunales y de la organización de éstos. Según estadísticas de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el 88 % de los asuntos que tramitan en la justicia civil y comercial son procesos de ejecución, voluntarios y otros similares donde la actividad de los auxiliares es más visible que la de los magistrados.

La idea es que ciertos juzgados sean exclusivamente de ejecución, de procedimientos no contenciosos, de Concursos, etc., cuyo número se determinará según las características de cada Departamento Judicial, de manera que los Juzgados con competencia en los juicios de conocimiento no universales tengan una entrada de 500 expedientes anuales, aproximadamente. El personal será distribuido según la competencia de cada Juzgado, asignando un número mayor de empleados a los de ejecución, por ejemplo, los de juicios de conocimiento tendrán menos empleados administrativos dado que la tarea recaerá fundamentalmente en el juez, ya en el año 1973 Clemente A. Díaz nos decía que la organización piramidal de los despachos judiciales debe transformarse en cilíndrica: un juez y sus empleados, inmediatizados por la desaparición de intermediarios entre las funciones decisorias y las puramente materiales (con el seudónimo de Carlo Carli, "La demanda civil", edit. Lex, Bs. As. 1973, pag. 342).

Es imprescindible un estudio serio sobre la entrada de juicios, para obrar en consecuencia. Actualmente se advierte una distribución de los gastos del Poder Judicial que no tiene relación con la realidad. Así por ejemplo, en el Departamento Judicial de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires, el fuero laboral cuenta con 18 magistrados para atender cerca de 4.000 juicios anuales mientras que el civil y comercial tiene 20 jueces (calculando las dos instancias) para un número de asuntos casi veinte veces mayor, y no se advierte más celeridad en un fuero que en el otro, por supuesto que ello no se debe a la falta de esfuerzo de los jueces laborales sino a la inconveniencia de los tribunales colegiados, en los que se insiste (caso de los tribunales de familia o del fuero contencioso administrativo) a pesar de que en el mundo se encuentra en retroceso la idea de la instancia única colegiada. Al efecto cabe recordar que la reforma procesal alemana de 1993 aumentó sensiblemente la competencia de los jueces unipersonales frente a los colegiados, en estos últimos, la posibilidad de delegar la decisión de causas de uno solo de los jueces del tribunal ha sido impuesta como deber, salvo que su decisión sea compleja por razones de derecho, de hecho o que sea de relevante significación jurídica. Con ello se persigue asegurar un mayor rendimiento en el número de causas resueltas, además de economizar gastos. (Rodolfo E. Witthaus, "Poder Judicial Alemán" ed. Ad-Hoc, Bs.As. 1994, pag 297).

Volviendo a la Provincia de Buenos Aires, es urgente no continuar malgastando recursos, demorando decisiones que permiten en mejor aprovechamiento de los existentes, me refiero a la puesta en marcha de la reforma a la ley 5827 (ley 12060) referida a la integración de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de los departamentos judiciales de General San Martín, Lomas de Zamora, mar del Plata, mercedes, Morón y San Isidro. El recargo de tareas en esas Cámaras reclama la creación de nuevas Salas y ello se logra, con la referida reforma, mediante el nombramiento de un solo camarista ya que cada Sala debe estar integrada por dos jueces ( en vez de los tres actuales) y habrá un presidente común que solo vota en caso de disidencia entre aquellos, en forma similar a lo que sucede en el Departamento Judicial de Mar del Plata, con la diferencia de que en éste el presidente es permanente mientras que en los primeros es asignado anualmente en forma rotativa. Con el sistema de la ley 12060, que vuelve a lo que ya existía con anterioridad, se logra mayor celeridad pues lograda la mayoría con el voto coincidente de los dos jueces es innecesaria la tercera opinión. El personal existente muy bien puede distribuirse entre las tres Salas porque el uso de la informática permite el funcionamiento de los tribunales con una cantidad menor de empleados.

3. El proyecto de reformas al Código Procesal prevé un proceso por audiencias, cuyo éxito depende del número reducido de causas que tengan los tribunales, conforme el cambio de la competencia al que nos hemos referido. Ese proceso por audiencias se está realizando con excelentes resultados en la República Oriental del Uruguay y en la Provincia de Tierra del Fuego.

El juicio ordinario se desarrollará en tres audiencias: una de conciliación, previa a la interposición de la demanda, presidida por el Conciliador, funcionario letrado del Juzgado, cuya función es indelegable, la segunda denominada "preliminar" y la tercera de vista de causa, para la recepción de la prueba.

La audiencia preliminar constituye la base de todo el sistema; en ella, además de volver a intentarse una conciliación, el juez deberá dictar todas las medidas necesarias para sanear el proceso y solucionar las cuestiones que impidan la decisión de mérito; también se fijará definitivamente el objeto del proceso y de la prueba, rechazándose las que fuesen inadmisibles, innecesarias o inconducentes. La presencia del juez y de las partes aseguran el éxito de esta audiencia la que tendrá un carácter menos formal que las actuales: se cumplen así los objetivos enunciados de simplificación de los trámites e inmediación.

En la tercera audiencia (de vista de causa) se vuelve a intentar una oscilación y, de no lograrse, se recibe la totalidad de la prueba por declaración, caducando la que se encuentre pendiente, salvo casos excepcionales.

4. Señalamos a continuación otras modificaciones, sin agotar todas las reformas proyectadas ya que nos limitamos a aquellas que estimamos de mayor importancia: a) Se aumentan los deberes y facultades de los jueces, quienes deben asistir a todas las audiencias; tomar medidas para evitar la paralización del proceso; ordenar prueba para esclarecer los hechos controvertidos, con independencia de la actividad de las partes, etc.; b) los procesos de conocimiento se clasifican en ordinarios y extraordinarios, suprimiéndose la categoría de sumarios, ya que en los primeros se unificaron las normas más convenientes de los actuales ordinarios y sumarios; se prevén también normas específicas para los procesos de alta complejidad, con la posibilidad de uqe puedan ser atendidos por jueces de refuerzo; c) se adopta un sistema de carga dinámica de la prueba, haciéndola recaer en la parte que estuviese en mejores condiciones de probar, pero con la salvedad de que si el juez advirtiese una modificación en el sistema tradicional de carga de la prueba, la hará saber en la audiencia preliminar, suspendiéndose ésta a fin de que se puede ampliar el ofrecimiento de los medios respectivos; d) se simplifica el sistema de la prueba por declaración: la actual absolución de posiciones se reemplaza por el interrogatorio libre a las partes; los testigos son interrogados informalmente; e) en ciertos casos excepcionales se puede postergar la bilateralidad en la producción de pruebas para no frustrar la eficacia de éstas; f) se adoptan previsiones especiales para la tutela anticipada que ya ha tenido consagración jurisprudencial en el caso Camacho Acosta, resuelto por la Suprema Corte de Justicia el 7 de agosto de 1997 (ver Rev. de Derecho Procesal, Edit. Rubinzal Culzoni, nº1, pag. 385), la legitimación de los intereses difusos y el alcance de la cosa juzgada; g) se prevé la acción de revisión contra la cosa juzgada fraudulenta o irrita; h)se contemplan medios más modernos de notificación y de registración de las audiencias ( fax, grabadores, etc.); i) se simplifica el trámite de los recursos ampliándose el ámbito del de reposición y determinando que el de apelación se funda al interponerlo, como sucede con todos los demás recursos, incluso los extraordinarios, siendo la regla general el carácter no suspensivo ; j) se reforma el actual proceso arbitral, cuyo fracaso obedece a las trabas impuestas en la legislación, a tal fin, se proyecta lo siguiente: la competencia arbitral se determina por cualquier acto que exteriorice la voluntad de someter la cuestión a árbitros; se elimina la necesidad del compromiso arbitral cuando se originó el conflicto, siendo suficiente la cláusula prevista antes del mismo; se faculta a los árbitros para ordenar medidas cautelares y todas las medidas de prueba, debiendo los jueces prestar la colaboración para la efectividad de ella s cuando fuese necesario; se determina que la nulidad del contrato no acarrea necesariamente la de la cláusula arbitral, etc.

5. En síntesis el Proyecto de reformas intenta aprovechar al máximo los recursos humanos y materiales existentes recogiendo la experiencia extranjera y la opinión de la doctrina e incorporando las instituciones más modernas del Derecho Procesal. Por supuesto que como toda obra humana puede ser mejorada y para eso resultan útiles las críticas que los colegas e instituciones que aspiran a un proceso que sirva para la gente, para el que concurre a los tribunales con la esperanza de lograr una solución a sus conflictos jurídicos en un tiempo razonable y de la forma más justa posible. Ello se puede lograr si verdaderamente se quiere