Las nuevas leyes y acuerdos de minería y su impacto en la actividad minera nacional

Dr. Edmundo Catalano


El tema elegido para esta disertación por el órgano ejecutivo del Primer Congreso de Autoridades Mineras de la República, que aquí celebramos, es el impacto producido en la actividad minera argentina por las nuevas leyes y acuerdos mineros sancionados en épocas recientes en el ámbito nacional y se relaciona con el motivo central de esta convocatoria que celebra, a la vez, el 180° aniversario de la creación del primer registro oficial de los derechos mineros en la República. La iniciativa del Gobierno de la Provincia de La Rioja, la Subsecretaria de Minería de la Nación y el Consejo Federal de Minería, de reunir en un Congreso a la comunidad minera argentina, con ese propósito, no puede sino llenar de satisfacción a quien, como es mi caso, tiene una larga militancia en el quehacer minero nacional.

Hace unos años, mientras hurgaba entre los documentos existentes en el Archivo General de la Nación en busca de antecedentes sobre la actividad minera en la época de la Colonia y durante los primeros gobiernos patrios, descubrí la existencia de un Registro de Pedimentos Mineros para la zona de Chilecito, Provincia de La Rioja, mandado a abrir por el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros en el año 1810, poco antes de la Revolución y que comenzó a funcionar unos días después de ese suceso, es decir, ocho años antes del que hoy celebramos. Este registro regional se conserva en perfecto estado y revela cómo se registraban las minas en ese entonces, sin mayores formalidades administrativas, bastando indicar la denominación del lugar donde se encontraba la veta y la clase de mineral descubierto, conforme lo prevenían las disposiciones de las viejas Ordenanzas de Minería de Méjico, puestas en vigencia en el Virreinato en el año 1783. La presentación de los pedimentos, en esos años, no despertaba las disputas y oposiciones que ocurren ahora, ni tampoco daba origen a una actividad burocrática y papelesca ante la autoridad minera representada por los alcaldes, jueces y diputados de minas, como aconteció después. Los denuncios mineros, sin mencionar puntos de partida, distancia y ángulos del lugar del descubrimiento, ni indicarse coordenadas ni cuadrículas, como se exige en los códigos de los tiempos modernos, definían de buena fe y sin formulismos legales, la zona que el minero deseaba reservarse para la explotación. Los pedimentos mineros se registraban en el libro y el original se devolvía al interesado con la constancia de la inscripción, pero no se archivaban en legajos. ~

Un Código de vetas

En 1887 fue puesto en vigencia en la República el Código de Minería, elaborado por el doctor Enrique Rodríguez, quien había desarrollado durante largos años su profesión de abogado de minas en los estrados de la ciudad de Copiapó, República de Chile, en la época del florecimiento de las ricas minas de plata de la Provincia de Atacama.. Este Código, que todavía rige con algunas reformas sancionadas en el curso del presente siglo fue concebido, en su estructura básica, como un código de vetas, a igual que lo fueron las antiguas Ordenanzas coloniales, en las que se inspiró, aunque ya al tiempo de su sanción, a fines del siglo pasado, eran conocidos los yacimiento de minerales de baja ley, denominados entonces yacimientos "pobres", como lo pusieron de manifiesto en su informe los reformadores designados en el año 1889 por el Gobierno Nacional, es decir, a tos dos años de puesto en vigencia el Código de Rodríguez, para introducir reformas al texto recién sancionado, con el objeto de adaptarlo a las necesidades de la minería a gran escala, no contemplada entonces en su normativa. Este intento de reforma novedosa y avanzada que, en el fondo, se proponía cambiar el sistema rígido del Código, por uno más flexible y adelantaba un siglo las modificaciones introducidas en su texto, a partir de 1993, por iniciativa del entonces Secretario de Minería de la Nación, Dr. Angel Eduardo Maza, lamentablemente se frustró en aquel momento, ya que sobrevino la Revolución de 189Q, y perdimos desde entonces 100 años, que hubieran sido muy provechosos para el desarrollo minero del país, si se hubiera adoptado en aquella oportunidad un sistema legal de concesión minera más abierto y elástico, como ya lo indicaban las tendencias de la época. Nos mantuvimos, en esa época, aferrados al marco legal de una minería artesanal, heredada de las viejas Ordenanzas coloniales, formada de pequeños espacios o pertenencias, tanto para la exploración y explotación minera, e incapaz de dar cabida a las grandes fuerzas de la industria que habían comenzado a desatarse en el mundo.

El cambio del sistema de amparo

Los primeros treinta años que transcurrieron desde la ` sanción del Código, no trajeron ninguna expansión de las actividades mineras en el país. La minería de esa época quedó relegada, como en el pasado, a la explotación de canteras y de algunas minas de cobre, oro y sal, en muy pequeña escala. Más aún, las viejas minas de cobre y oro de Famatina y Capillitas, en La Rioja y Catamarca, que desde mediados del siglo pasado forjaron la ilusión de que podíamos transformarnos en un país minero, cesaron en su actividad a principios del presente siglo y los establecimientos de fundición instalados en esas Provincias para beneficiar dichos minerales, cerraron sus puertas, frente a la competencia introducida en los mercados, por los minerales de baja ley. En un análisis muy parcial del problema, entonces atribuimos al sistema de amparo, a la sazón vigente, representado por el trabajo obligatorio con operarios o "pueble", como mecanismo para conservar la propiedad de las minas, la causa del atraso y retroceso de la actividad minera en el país, lo que era una verdad a medias. El sistema llamado del "pueble", que importaba tener afectado un número de operarios obligatorio, aplicado a los trabajos mineros, como condición para mantener la vigencia de la concesión, sin duda generaba mucha inseguridad jurídica porque daba lugar a las denuncias de caducidad por "despueble", lo que mantenía en vilo la propiedad minera, pero ésta no era la causa real de la falta casi total de actividad minera en el país. Recién treinta años después de sancionado el Código, en el año 1917, el legislador encaró la reforma del sistema de amparo , sustituyendo el antiguo sistema del trabajo obligatorio con operarios, por un sistema mixto del pago de un canon y la inversión de capital. La reforma resultaba indispensable, porque el sistema anterior, era tiránico , constituía una reminiscencia de la mita o trabajo obligatorio de los indios en las minas, no otorgaba garantía de permanencia al inversor en la propiedad de las minas y aparecía como un instrumento inapropiado para la época moderna, en que el trabajo humano había sido reemplazado en gran parte por las máquinas. Pero este cambio del sistema de conservación de los derechos, en el cual confiaron mucho los legisladores para movilizar nuestras minas inactivas, nada resolvió porque los males de la minería no estaban solamente ahí, eran sin duda más profundos y residían en el propio sistema legal de concesiones, es decir, ` en la forma cómo se conceden los territorios mineros a los particulares, más que en la manera cómo se amparaban o conservaban los derechos , después de otorgados. Varias décadas más tarde, con la misma errónea, se realizo otra reforma de fondo, en los años 1979 y 1980, incrementando los valores del canon de la inversión de capital que habían quedado inmovilizados durante largos años, desde el año 1917, y a los cuales se atribuían, también, por su falta de estímulo a los trabajos, las causas del estado de postración de la actividad minera nacional. Ninguna de estas dos modificaciones al texto del Código, la de 1917 y la de 1979-1980, dieron los resultados esperados, ya que no atacaban, como dijimos, la verdadera raíz del problema, y la minería permaneció en igual grado de estancamiento, pese a los sucesivos intentos para estimularla, llevados a cabo a través de los diversos planes de promoción minera, ensayados desde el año 1970 y del crédito de fomento oficial, mucho más antiguo. Eran varias las provincias, en este período de la historia, que de un padrón de 800 0 1000 minas registradas como tales, sólo mantenían en actividad la cantidad de 2 0 3, situación ésta que, si analizamos bien, no ha experimentado grandes cambios en la época actual, tratándose de la minería mediana y pequeña.

Crisis del sistema legal

Este estado crónico de paralización e inmovilización de los recursos, que se prolongó durante muchos años, con cortos períodos de expansión provocados por las dos guerras mundiales, hizo crisis a principios de la década de 1990. Teníamos en nuestros padrones, más de 13.000 minas registradas, bajo el régimen del Código, de los más variados minerales, pero no existía una industria minera verdadera y activa. Había una evidente contradicción entre las cifras de los padrones de minas y la realidad económica. Era necesario actuar precisamente sobre el sistema legal que sólo había servido, hasta ahora, para dibujar el mapa minero de la República, esto es, para presentar el muestrario de los recursos minerales existentes pero, de ningún modo, para construir una industria minera de desarrollo consistente y aceptable. El país necesitaba con urgencia habilitar nuevas fuentes de riqueza hasta entonces relegadas en su extenso territorio, hasta ahora apenas explorado, ya que esos miles de supuestas minas registradas constituían una simple promesa de la existencia de mineral en el terreno, pero no una realidad demostrada. Era necesario actuar con decisión, dar un salto, abandonar los estrechos esquemas del pasado, recuperar los 100 años insumidos en las tareas de la microexploración llevadas a cabo por los particulares a través de esas supuestas minas otorgadas bajo el añejo sistema del Código, que poca información habían proporcionado, hasta ahora, para el conocimiento de nuestros recursos; y de los planes de prospección geológica y minera, ejecutados durante cerca de 30 años por el Estado, sobre grandes áreas de terreno. o sea, de la macroexploración, desarrollada paralelamente a la acción de los particulares, sin objetivos precisos, muchas veces interrumpida y habitualmente mal financiada.

La Argentina fue presentada, en este momento, como "la última frontera minera del mundo" y esto era una gran verdad porque muy poco y sólo en forma aislada y no coordinada se había investigado su extenso y rico territorio, en casi los dos siglos de vida independiente. Esos miles de minas registradas, ese muestrario de nuestros recursos mineros, eran solo indicios de la existencia de "mineralización", esto es, de la presencia de mineral y no de la existencia de verdaderos "yacimientos", aptos para construir una industria minera activa y permanente. Era necesario actuar, encarando los cambios que fueran indispensables, con un nuevo concepto y enfoque de la actividad minera, ante el fracaso de los sistemas de concesión y explotación hasta entonces vigentes, cuyos resultados negativos estaban a la vista. La minería del pasado, la minería de pequeña escala, de tipo artesanal, que se había fomentado en las décadas anteriores con resultados tan poco satisfactorios, sólo había servido para detectar la presencia de áreas mineralizadas en el territorio, formar una suerte de mapa metalogenético o mineralogenético del país, si se quiere, pero no para construir una industria minera permanente y verdadera. Su aporte efectivo al conocimiento y a la circulación de la riqueza había sido siempre escaso o prácticamente nulo.

Reemplazo de la Ley de promoción minera

Fue así que en el año 1992, en que comienza este proceso acelerado de cambios, el último estatuto de promoción minera puesto en práctica en el país, que era el de la ley 22.095, fue reemplazado por la ley 24.196, de Inversiones Mineras. Se encaró, con un nuevo enfoque económico, la promoción de las actividades mineras en el país. Parecía inútil, también en este aspecto, insistir sobre los esquemas del pasado. En sustitución de las formas de crédito directo o financiación oficial, a favor de las pequeñas y medianas explotaciones mineras, que era el principal soporte de promoción del anterior sistema. se fomentó la inversión privada mediante un sistema objetivo, a través de facilidades arancelarias, la desgravación impositiva de las inversiones, la capitalización de las reservas mineras , el beneficio de la estabilidad fiscal por el término de 30 años y la fijación de un tope a las regalías mineras que pudieran percibir las Provincias. Esta ley innovó respecto a los mecanismos anteriores, cambiando el papel del Estado, como director de los programas de fomento. Sin interferir ni marcar rumbos a la actividad privada a través de una actitud dirigista, se la dejó actuar con libertad, dentro del marco de los beneficios otorgados por la ley, lo que en los pocos años de vigencia, demostró ser más positivo. Existe, ahora, un marco económico y financiero, objetivo y estable , para el desenvolvimiento de la actividad minera en el país, dejándose a las empresas la tarea de programar y asumir libremente la actividad, y al Estado la función de controlarlas en el uso que se haga de los beneficios. El esquema adoptado por la ley, que ha significado liberalizar las inversiones de la tutela del Estado, ha venido funcionando bien y está cumpliendo su función de promoción y estímulo, sin los contratiempos y desencuentros que motivaron los sistemas del pasado. La inversión minera, desde que se puso en marcha la nueva ley, se centuplicó, o más, en los pocos años transcurridos.

Fallas en el sistema legal

Una ley de inversiones ,sin embargo, debía considerarse insuficiente por si misma frente a la presencia de un sistema legal regulatorio de la propiedad minera que mantenía muchas normas antiguas y caducas, como era el Código de Minería, de corte netamente colonial e inadecuado para la época actual. Esta industria, en todos los países, como sabemos, tiene una fuerte dependencia de la ley, ya que es ésta la que instituye la propiedad minera particular y fija las condiciones para su desenvolvimiento. Una ley rígida, como eran las normas del Código de Minería, entones vigentes, que imponía al minero un modelo industrial determinado, que limitaba las áreas de exploración a espacios reducidos, que también fijaba el tamaño máximos de las concesiones de explotación en pequeños espacios o pertenencias de dimensiones arbitrarias y que establecía imperativamente el monto mínimo de los capitales a invertir para mantener la vigencia del derecho, independientemente de los requerimientos reales del yacimiento, no constituía un instrumento apto para promover las inversiones, dentro de un cuadro de condiciones técnicas y económicas aceptable. La industria minera, como ninguna otra actividad económica, requiere un clima de libertad para desarrollarse, libertad técnica para planear la investigación en los espacios que se consideren necesarios, libertad para explotar los terrenos en las dimensiones que resulten convenientes y para elegir los tiempos, formas montos cómo deben encararse los trabajos y las obras que se juzguen apropiadas, sin sujeción a ningún modelo legal preestablecido, libertad en suma para producir y actuar en los mercados cuando se den las condiciones necesarias. Cada proyecto minero tiene requerimientos especiales y no puede pretenderse que se ajuste a un modelo industrial y a un cronograma general, creado por el arbitrio de la ley, cuando es ésta la que debe adaptarse a las necesidades y características de la industria.

Cambios en el tamaño de las concesiones

Las reformas en las instituciones del Código, para lograr su modernización y liberalización de este régimen legal rígido, heredado de las leyes coloniales, debió comenzar, entonces, como lo intentaron los viejos reformadores de 1889, por el tamaño de las concesiones, donde el país registraba, comparativamente, un gran atraso. Las superficies de los permisos de exploración, eran estrechas y habían sido fijadas originariamente por el Código en un área máxima de 2.000 hectáreas por _ permiso. En 1980, se incrementó esa área hasta 10.000 hectáreas, pero se ` mantuvo la prohibición de la colindancia de los permisos de un mismo dueño. En 1993, por la ley 24.224, de reordenamiento minero, se introdujeron reformas más substanciales y se ampliaron las áreas admitidas que podía reunir cada persona, por provincia, las que habían sido limitadas por la reforma de 1980, a 50.000 hectáreas, como máximo, llevándolas a 100.000, pero manteniendo aún la inapropiada prohibición de colindancia de los permisos .Se multiplicó, a la vez, por 10, por 5 y por 2, según la clase de mineral, el número de pertenencias o lotes de explotación que concesionario puede tomar en cada yacimiento descubierto. De este modo, una mina que, por lo común, podía abarcar en el viejo Código, como máximo posible, 42 hectáreas, a partir de la reforma de 1993 podrá alcanzar a 420 hectáreas y si se trata de mineral diseminado de la primera categoría de minas, de una superficie anterior de 700 hectáreas, podrá obtener ahora hasta 3.500 hectáreas. Pero, además, una nueva reforma realizada en 1995, mediante la ley 24.498, de actualización minera, intensificó los cambios, y la superficie máxima que puede reunir cada explorador, por provincia, se ha elevado de 100.000 hectáreas a 200.000 y se ha eliminado la prohibición de colindancia, último resto éste de las limitaciones existentes, con lo cual una empresa podrá prospectar y explorar ahora un gran área de terreno por métodos modernos y a gran escala, en una superficie equivalente a 2000 km2, por provincia. Esta superficie no es exagerada ni monopólica ya que está sujeta al pago de un canon anticipado, proporcional a su extensión, y á reducciones o liberaciones parciales a medida que transcurre el plazo legal de la exploración que, en nuestro Código, todavía es relativamente breve, con un máximo de algo más de tres años.

No existen, por lo tanto, después de estas reformas, las estrechas limitaciones de antaño en cuanto al tamaño de las concesiones de exploración y de explotación. Las superficies concesibles son, ahora, suficientemente amplias y generosas para encarar la minería a gran escala y, también, la minería de pequeños y medianos espacios, que no está excluida de sus disposiciones. Todos los tamaños de empresas tienen cabida ,ahora, en las nuevas áreas autorizadas. Aquel modelo compulsivo del Código, que limitaba las superficie de estas concesiones de exploración y las de explotación, ahora resulta extendido y liberalizado y puede acoger a todo tipo de empresa, sea que se proponga explotar un gran yacimiento, de mineralización compacta o diseminada, o un pequeño o mediano yacimiento, ya que las áreas autorizadas resultan abarcativas de todas formas de exploración o explotación existentes y para todo tamaño de empresa. Incluso, en virtud de la reforma instaurada en t995, se admiten permisos de reconocimiento aéreo del territorio, con fines mineros, de duración breve y en extensiones de hasta 20.000 o 40.000 km2, por provincia. En este punto se ha dado un paso fundamental, se ha registrado un gran avance tanta en materia de exploración como de explotación que, como sabemos, son las instituciones vivas y dinámicas del Código. Nos colocamos, en este punto, a la cabeza del mundo, eliminando las limitaciones mezquinas e impropias a la naturaleza de los trabajos mineros. Nos falta aun, eso si, ajustar los términos o plazos de las exploraciones que, en una aplicación sana y rigurosa de los procedimientos concesibles fijados por la ley y en la escala de los trabajos pueden resultar. en ciertos casos, insuficientes.

En torno a la labor legal

Un tema que no aparece resuelto todavía en la ley y que constituye uno de los muchos rastros que aún perduran de la legislación colonial y que ha sido totalmente eliminado de las leyes mineras latinoamericanas contemporáneas, es el de la denominada "labor legal" que, como sabemos, es el pozo, galería, trinchera o perforación cuya ejecución, a los ojos de la ley, prueba la existencia del criadero o yacimiento denunciado y sus principales caracteres técnicos, sin la cual la supuesta mina descubierta ,en el sistema del Código, no puede ser concedida, por no estar demostrada su existencia. Resulta evidente que una labor de 10 metros, que es el máximo requerido por el Código para esta labor singular, sólo puede constituir prueba de la existencia de la mineralización, pero no de la presencia de un yacimiento o criadero, como lo exige taxativamente la ley. Son dos conceptos distintos y que no deben inducirnos a error. En la minería antigua colonial, donde tiene su origen esta exigencia, como sabemos, se explotaban sólo las vetas superficiales o poco profundas y este pozo o labor podía ser útil para una actividad artesanal y de pequeña escala., ya que era una labor más que descubría o ponía en evidencia la veta denunciada. En la minería moderna, la labor legal, como elemento de prueba de la existencia de una mina verdadera , ha sido eliminada de las leyes. En realidad, su valor informativo es tan insignificante que no prueba mucho más que los datos que aporta el propio descubrimiento. Más aún, existen labores legales que se labran con unos pocos centímetros de hondura para cumplir con el requisito legal, ya que de no hacerlo no se tiene por probada la existencia del criadero y la denuncia es eliminada o cancelada del registro. En los yacimientos de tipo diseminado, en que la mineralización se encuentra repartida en un área extensa y en cantidades cuya prueba es dificultosa, la labor legal difícilmente puede cumplir su función demostrativa del yacimiento, salvo que se labren varias y en distintos puntos de la formación geológica, la que resulta aconsejable. Este es un tema pendiente de discusión técnica, ya que dada la función poco informativa que cumple esa labor , deberá establecerse ,en una futura reforma de la ley, la conveniencia de mantenerla como exigencia técnico-legal del Código o reemplazarla por otra prueba más idónea y convincente, Pero, por el momento, la exigencia legal se mantiene en forma rigurosa y la labor debe ser cumplida estrictamente, ya que es la base en que está edificado nuestro sistema legal de concesiones y no puede ser sustituida por inducciones geológicas o especulaciones técnicas de otro tipo. La labor legal, en todos los casos, deberá proporcionar la información necesaria para que se tenga la evidencia de la existencia de un verdadero criadero o mina. condición "sine qua non" de la concesión legal, en el sistema estricto del Código.

El área de reconocimiento exclusivo

Vinculada al objeto de la labor legal, está el área de reconocimiento exclusivo, creada por la reforma de 1995, para proteger las tareas de reconocimiento del criadero y la correcta ubicación de la mina. Esta área ha sido objetada porque se la utiliza en reemplazo de los permisos de exploración con la ventaja, sobre éstos, que no debe abonar canon alguno. La objeción no tiene fundamento, ya que el área afecta los terrenos vecinos al descubrimiento sólo por el plazo de 100 días y sus prorrogas, concedido para la ejecución de la labor legal. Si la autoridad minera hace cumplir estrictamente el procedimiento de la manifestación ;: registro, publicación de edictos, plazo de la labor legal y el de la mensura, que le suceden, no puede causar perjuicio a la libertad de la zona y ,en cambio, resulta útil ya que la exclusividad temporal que otorga para el reconocimiento y ubicación de la mina, descarta toda disputa entre mineros vecinos que pretendan mejor derecho sobre el terreno superpuesto. Recordemos que antes de la reforma, el minero contaba con una prioridad en la extensión de 5 km, a lo largo de la veta, lo que era objeto de disputas e incertidumbre respecto a I terreno dónde ubicar la mina. La zona de reconocimiento exclusivo, creada por la reforma de 1995, protege al descubridor y le permite situar convenientemente su mina, sin la interferencia de terceros.

El uso de las coordenadas

Otra medida trascendente y de impacto positivo para la seguridad de los derechos, que ha traído la reforma, ha sido el uso del sistema de coordenadas para ubicar los pedimentos mineros. Nos manteníamos, hasta entonces, con un sistema de georeferenciamiento antiguo de los pedimentos, que la técnica había superado. E1 cambio en el sistema de localización de los derechos mineros era reclamado por las autoridades mineras de las provincias, desde hacía varios años, y algunas de ellas pusieron en práctica el sistema de las coordenadas Gauss-Kruger, antes de que la reforma del Código, en 1995, implantada por la ley 24.498, lo autorizara. Las normas del Código, hasta entonces vigentes, habían impuesto el sistema de la distancia y ángulos, a partir de un punto fijo e indiscutido del terreno, para esa localización. Este sistema era obligatorio, ya que así lo había determinado el Código y la Nación incluso, había prohibido, en su ámbito, el uso de métodos como el de coordenadas, para la localización inicial de los pedimentos. Ocurría, frecuentemente, que el empleo del antiguo sistema de distancia y rumbos exigido por el Código era causa de frecuentes errores en la ubicación de los pedidos, por las dificultades en determinar los puntos fijos de partida, más próximos o más convenientes, o por la designación o toponimia duplicada de los mismos en las regiones, o la falta de exactitud en la determinación de los ángulos o de las distancias y otros errores que llevaban a la superposición de los pedimentos, o que éstos quedaran ubicados en lugares no previstos. El sistema de coordenadas Gauss-Kruger, implantado por la ley 24.498, en su reemplazo, ya no admite la posibilidad de estos errores y los terrenos solicitados mediante este sistema deben coincidir necesariamente con los que la autoridad asigna en sus registros gráficos o planos catastrales, ya que ambos parten de la misma base cartográfica. Se ha descartado, así, para el futuro, la posibilidad de litigios por superposiciones o errores en la P~ ubicación que, en la actualidad, por esta causa, mantiene paralizados a importantes distritos mineros dei país, por las diferencias de posicionamiento registradas con el uso del sistema hasta entonces vigente y ,también, por errores existentes en los planos oficiales.

El catastro minero

Particularmente relacionado con esta materia de la gratificación o ubicación de los pedimento en los planos oficiales, se encuentra el tema del catastro minero, cuya organización en cada provincia ha dispuesto en el año 1995 la ley 24.498, de reforma al Código, ya citada. Esta es otra importante innovación que traído la reforma. El catastro minero es de organización obligatoria y será el sustituto técnico del registro gráfico, hasta ahora en uso y no institucionalizado por el Código. Lo reemplazará con enormes ventajas. Constituirá una obra jerarquizada que permitirá dar la seguridad jurídica a los títulos mineros, desde que las constancias del catastro deben ser un fiel reflejo de la cosa física existente en el terreno. Un catastro computarizado, como el que se prevé y se está poniendo en práctica en las distintas jurisdicciones mineras del país, en virtud de lo dispuesto por el Código, otorga seguridad y rapidez en los trámites, al punto de que el minero obtendrá una respuesta sobre el estado de ocupación de la zona al instante o en contados minutos y tendrá .. oportunidad de informarse de ese estado anticipadamente a la formulación de sus pedimentos, evitando incurrir en gastos innecesarios y pérdidas de tiempo. Además, el catastro llevará la matrícula de cada derecho minero concedidos, la que no sustituye sino que complementa el registro protocolar, dispuesto por el Código y, además, acumula en el respectivo legajo toda la información geológica, económica y legal y el historial de cada mina o cateo de la región. La obra del catastro es importante y producirá un gran impacto y cambio en nuestras costumbres mineras, más con vista al futuro que al pasado. En el pasado, con respecto a las concesiones otorgadas, la mayoría de las cuales no tiene un valor económico verdadero, o por lo menos demostrado, permitirá corregir errores deslizados en los títulos, o en el terreno, replantear las mensura, corregir la posición de los mojones, reponer los deteriorados o desaparecidos y fijar definitivamente la posición real de los derechos y estado final de ocupación de la zona y la que queda libre para otros pedimentos. Esto. en el aspecto estrictamente legal, ya que en este mismo Congreso se expondrán las grandes ventajas técnicas y de otro tipo que aporta el sistema de catastro. Un paso adelante en la perfección del catastro, será llegar al sistema de las cuadrículas, o división del territorio y en lotes, para la concesión de los derechos mineros, por cuadrículas predeterminadas, como lo vienen haciendo las modernas leyes mineras España, Bolivia y Perú.

Nuevos avances legales

La reforma de 1995, por otra parte, entre otros cambios importantes a la vieja estructura del Código, ha eliminado los remates de minas por deudas de canon, disponiendo su caducidad y vacancia directa, cuando no se abona la patente en término, evitándose las demoras y gastos que originaba el anterior sistema de la subasta pública 1 obligatoria, previa a la declaración de vacancia.

Se ha dispuesto, asimismo, la eliminación del registro de aquellas minas que se mantienen inscriptas como caducas y vacantes por más de tres años continuos. con el objeto de despejar los distritos mineros de la perturbación que crean estas supuestas minas carentes ,en su gran mayoría, de todo interés industrial Se ha sancionado, además, en el mismo año, para ser incorporada al Código, la ley de protección ambiental de la actividad minera, siendo la primera industria del país que tiene, a este respecto, un estatuto propio en la materia y también una de las primeras en América Latina. El sistema, a pesar de ser nuevo, y con pocos antecedentes en cuanto a su aplicación, funciona sin mayores inconvenientes, con el necesario aprendizaje que requiere esta materia novedosa, y ya son cerca de 2.500 los informes de impacto ambiental presentados, en cumplimiento de la norma legal establecida. Se han extendido, por otra parte, los plazos contractuales para los arrendamientos y usufructos mineros, con el objeto de facilitar la instalación , bajo ese tipo de contratos, de actividades mineras en el largo plazo y a gran escala. Dentro del programa del Proyecto PASMA. de apoyo al sector minero argentino, financiado por el Banco Mundial, que se viene ejecutando en el país para la modernización del sector público minero, desde el año 1997, se ha respaldado la iniciativa de las Provincias del Nuevo Cuyo, de armonizar sus códigos de procedimientos mineros provinciales y actualmente se encuentra en revisión el proyecto definitivo, por las 23 provincias componentes del Consejo Federal de Minería, el cual deberá compatibilizarse con el sistema de catastro, lo que permitirá contar a la brevedad con un Código procesal único en todo el país, agilizar los trámites y completar algunos vacíos existentes en la legislación, perfeccionando el proceso actual, además, con el uso de formularios para conducir las principales etapas del proceso , lo que dará mayor certeza y agilidad a los trámites. El nuevo código de procedimientos que se elabore no será la panacea que corrija los defectos del sistema de concesión de los derecho mineros dispuesto por el Código de fondo, pero contribuirá a mejorarlo y unificarlo, particularmente mediante el uso de los formularios previstos, que estandarizarán las peticiones y los principales trámites del proceso. También, se sancionó en el año 1997 el ordenamiento del Código de Minería, previsto por la ley 24.498. El ordenamiento del Código constituía una medida necesaria dado el desorden metodológica que se observa en su texto y requiere una etapa de adaptación, acostumbrados, como estamos, a la vieja secuencia del Código, pero estoy seguro que contribuirá al mejor entendimiento de la ley, el cual se había hecho muy dificultoso, a todo lector, tanto por los defectos de origen del Código, que son numerosos, como por las sucesivas reformas que se implantaron a su texto

La tarea realizada, en estos últimos años, en materia de reformas legislativas, como se advierte, ha sido muy intensa y proficua, aunque todavía no bastante.

Los yacimientos de frontera

No quiero concluir esta exposición. sin hacer una referencia al Tratado de Integración Minera Argentino-Chileno, suscripto a fines del año 1997, en curso de aprobación por los Parlamentos de ambos países y que forma también parte de nuestro contenido de reformas legales necesarias para expandir el ámbito de la minería a las zonas de frontera, utilizando I~ ventajas geográficas existentes a uno y otro lado de los límites internacionales. Se trata de un tratado totalmente innovador que tal vez no ~ tenga antecedentes en el mundo y que traerá grandes beneficios a ambas naciones. Su origen se encuentra en el Acuerdo de Complementación Económica y en diversos protocolos de cooperación e integración celebrados por Argentina y Chile en el campo de la minería, a partir del año 1991. Los yacimientos mineros, así como no siguen el trazado de las propiedades superficiales, tampoco respetan las fronteras de los países. máxime en regiones tan ricas como es la de nuestra vasta Cordillera.

Muchas de las obras auxiliares de la explotación minera, por otra parte, como los caminos, mineroductos, acueductos, línea de alta tensión y otras servidumbres necesarias , normalmente exceden los limites de las concesiones y penetran en los terrenos vecinos o próximos. En los yacimientos aledaños a las fronteras, debe asegurarse el tránsito transfronterizo de personas, vehículos y cargas destinados a la explotación minera, el depósitos de los materiales, la salida del mineral a los puertos o puntos de embarque más próximos o más convenientes, el pago de aranceles y tributos que devenga la explotación y estas operaciones, entre países vecinos y fraternos, no deben tener obstáculo para su cómodo desarrollo. La exploración de la extensa Cordillera, que en estos momento se desenvuelve a buen ritmo, sin duda aportará en el curso de los próximos años un número de yacimientos transfronterizos o ubicados en los bordes internacionales, que podrán dar lugar a empresas conjuntas con nuestros vecinos de Chile. El trato que se dispensa a estas explotaciones, al movimiento de personal o de equipos en cada uno de los países, al tránsito transfronterizo, a las cargas tributarias y a las servidumbres, en general, debe ser el mismo que se otorga a la empresa nacional, para lo cual el tratado contiene la previsiones necesarias, en un ejemplo de madurez y convivencia, porque la frontera es un vínculo que nos une y nos separa. Ya el pensamiento inspirador y unificador del tratado en curso ha tenido principios de ejecución, en algunos de los puntos especiales de la frontera que han planteado problemas particulares para el desarrollo de la actividad minera, a través de protocolos o pactos específicos, como los referidos al yacimiento El Pachón y al proyecto Pascua-Lama, en San Juan, que son anticipos de los problemas que, en definitiva, corresponderá al tratado resolver.

Necesidad de completar las reformas

Todos estos factores positivos que hemos reseñado, todo este conjunto de normas nuevas establecidas para corregir el panorama de atraso legal en que se ha debatido la actividad minera en las últimas décadas, no deben hacernos olvidar que todavía, pese a los avances registrados, tenemos problemas institucionales severos y mantenemos una legislación de fondo anticuada, como es el Código de Minería. cuya elaboración principió en el año 1876. Este Código, por su contenido y características, constituye la ley fundacional de la industria, generadora de la propiedad minera . De sus virtudes o defectos ha de depender, en mucho, la suerte de la actividad. Existe, a este respecto, un evidente contraste entre los arrestos de la legislación moderna, implantados con toda visión de futuro, en los años 1993 y 1995, y el remanente del Código, que se mantiene intacto, en su versión colonial. Hemos modernizado una tercera parte de su texto, realizando las aperturas necesarias e impostergables, pero el resto del Código permanece en su versión antigua, propia de una minería de otra época. Esto es una realidad que no podemos disimular. El sistema legal basado en el descubrimiento, la labor legal y la mensura, permanece en crisis. Ha demostrado que resulta inapropiado para constituir verdaderas minas. Lo demuestran las 13.000 registradas a su amparo, prácticamente inactivas, en su casi totalidad. La pertenencia minera, su forma y distribución de sus líneas, es una institución totalmente superada. La reforma de 1993 ha arrasado, en la práctica, con esta concepción geométrica antigua. El procedimiento sustancial para la concesión y pérdida de los derechos, es incompleto y debió ser suplido en parte por los códigos de procedimientos provinciales invadiendo un campo que no les pertenece; el sistema de amparo de las concesiones a la larga resulta discrecional en punto a las exigencias de inversión y activación, exigidas por los arts. 2l6, 217 y 225 del Código, resultando incompatible con el genuino sistema de la concesión legal, y el régimen de los contratos pertenece al siglo pasado, o antes, y está totalmente desactualizado. Se mantienen, por otra parte, en los distritos mineros, conflictos planteados como consecuencia de la obsolescencia de la legislación, que resultan difíciles de solucionar mientras no se modifiquen ciertas prácticas mineras perniciosas que encuentran su apoyo en una legislación atrasada que, en la parte pertinente, permanece sin cambio desde hace más de 100 años, por no haberse armonizado las reformas con los textos existentes, dada la urgencia con que aquellas fueron planteadas. Nuestro sistema legal de concesiones, en general, resulta caduco, no se ajusta a los requerimientos de una minería moderna y será necesario, a corto plazo, modificarlo, para adaptarlos y armonizarlos con los cambios que plantean los nuevos métodos de exploración y explotación minera. Ninguna nación de América, cuya legislación de minas deriva de la misma raíz hispánica, como la nuestra, conserva normas de este tipo, con ese grado de atraso. El esfuerzo para crear una minería de avanzada que viene realizando el país en estos últimos años, con una gran inversión de capital, tanto público como privado, sea en los trabajos propios de la minería, o en beneficios fiscales, obras de infraestructura e información de base, modernización de sus autoridades mineras y organización catastral, puede verse frustrado otra vez, como h~ ocurrido en el pasado, si al mismo tiempo no se lo armoniza y complementa con una reforma coherente de las viejas instituciones del Código que las libre de procedimientos engorrosos e innecesarios, haga

más rápida y transparente la asignación de los derechos mediante el empleo de las tecnologías modernas y de la informática y unifique la concesión de los derechos, en un solo trámite, con una concesión única de exploración-explotación, donde se desarrolle toda la actividad del inversor y con un solo mecanismo de amparo, sencillo y objetivo. El nuevo sistema debe otorgar a los operadores un clima de mayor libertad , para decidir, con flexibilidad, la forma y tiempo de las inversiones que deben realizar en la mina y, a la vez, garantizar que se haga cierto el principio de la seguridad jurídica que otorga la figura denominada "concesión legal ", inserta en el Código, pero no respetada en su desarrollo práctico, o sea, la concesión como obra exclusiva de la ley, que fija taxativamente, para garantía del inversor, las condiciones estrictas para su otorgamiento y conservación, no correspondiendo dejar al arbitrio de la administración, discrecionalidad alguna para juzgar los motivos de la vigencia o caducidad, como en última instancia y en forma inapropiada resulta de las actuales disposiciones de amparo contenidas en los arts. 216, 217 y 225 del Código, antes señaladas, producto de reformas anteriores a las que comentamos. Todos estos cambios necesarios, de ser realizados a tiempo para fortalecer y consolidar una actividad que recién comienza a instalarse sobre bases reales en el país; que debe crecer libremente, sin tropiezos, con reglas claras y objetivas, en el mismo clima de franquicias y libertad que se asigna a las otras actividades económicas del suelo, y dentro del marco especial impuesto por el interés público y el bien común que presiden su desenvolvimiento y lo acompañan en todas partes del mundo.

No otro tratamiento del legislador merece esta actividad azarosa, instalada generalmente en la soledad del desierto, de naturaleza compleja, que se desenvuelve en el largo plazo y que aporta tantos bienes necesarios al progreso y riqueza de la sociedad.