Reflexiones y Críticas acerca del Sistema de Evaluación y
Acreditación Argentino
MARCELA GRELA DE GIACCAGLIA
SECRETARIA ACADÉMICA
UNIVERSIDAD FASTA
mgiaccaglia@ufasta.edu.ar
Entender el sistema de
evaluación y acreditación argentino no es posible sin reflexionar lo que lo
genera. Sin ir muy atrás en el tiempo, muchos autores describen una profunda
crisis de los sistemas de educación superior en América Latina durante la
década del 80. Esta crisis tienen su origen, entre otras causas, en: la
masificación de la matrícula, profundas crisis financieras de los sistemas,
gran diversificación de las instituciones, multiplicidad de títulos de grado y
posgrado. Es a partir de esta crisis que se puede observar una tendencia clara
de generación de políticas basadas en procesos de evaluación y acreditación.
Podríamos coincidir con la expresión de muchos que señalan que la década de los
90, fue la del “surgimiento del rol del Estado Evaluador”. Son los mismos
Estados los que promueven la evaluación y autoevaluación en las universidades.
En la Argentina, la
evaluación universitaria se instaló en la década del 90. Los conceptos de
evaluación y acreditación fueron introducidos por la Ley Federal de
Educación
y desarrollados in extenso por la Ley
de Educación Superior 24.521 en los artículos 44 y siguientes.
Hasta entonces no se
observaban prácticas formales de
evaluación, ésta quedaba circunscripta a acciones de carácter parcial de
distintos actores universitarios, como ser alumnos, docentes, directivos. Este
tipo de evaluaciones no tenían en sí mismas la finalidad de promover el
mejoramiento de la calidad, sino más bien un espíritu de otorgar premios y
castigos.
La evaluación institucional supone dos instancias claramente definidas
en el artículo 44 de la ley, la autoevaluación y la evaluación externa. En la autoevaluación está implícita la
autoexigencia, que supone que cada universidad se estudia a sí misma con el
objetivo de alcanzar el mayor grado de excelencia posible. Debe ser auténtica
para así alcanzar el control de su propia situación. Se efectúa en el marco de
la misión y objetivos de la propia institución.
Este proceso le permite examinarse a sí misma,
reconocer sus fortalezas, detectar las áreas y procesos que requieren
mejoramiento, conduciendo al planeamiento de las acciones necesarias para
corregir las debilidades. La autoevaluación se complementa con la evaluación externa que consiste en la
visita de un comité de pares evaluadores que tienen como objetivo verificar el
resultado de la autoevaluación, recomendando cursos de acción a la institución
para su mejoramiento.
La evaluación institucional
tiene por finalidad explícita el
mejoramiento de la calidad universitaria. Los resultados de la misma son
públicos.
La acreditación, sea ésta de carreras de grado reguladas por el Estado
(artículo 43 de la LES) o de posgrado (artículo 39), tiene por finalidad
otorgar validez a los títulos. Los juicios se llevan a cabo en función de
criterios y de estándares fijados por el Ministerio de Educación en acuerdo con
el Consejo de Universidades.
El carácter de este tipo de
evaluación es punitivo, pues del resultado de ésta depende la acreditación o no
de la carrera. La
experiencia tiene sus antecedentes en la acreditación de los posgrados, donde
la CONEAU ha desarrollado una rápida y seria actividad.
Actualmente se están
desarrollando las acreditaciones de las carreras del área de las Ingenierías,
que siguieron a la acreditación de la carrera de Medicina. Hay un importante
número de carreras que siguen en la lista de las que requieren acreditación.
Algunas
debilidades de la evaluación y acreditación
De
la propia
Institución
Inexistencia de estructuras
adecuadas en las universidades para atender estas nuevas prácticas. En muchos
casos, sobre todo en las universidades pequeñas, las estructuras se generan
respondiendo a estas necesidades, superponiéndolas con otras funciones.
Se observa, en algunos
casos, cierto recelo ante los equipos internos de evaluación, considerándolos
como externos a la propia institución y respondiendo en forma defensiva a los
requerimientos del equipo de autoevaluación.
Se puede observar en
ocasiones vaguedad en la definición de la misión y objetivos institucionales,
que dificultan la confrontación con los resultados alcanzados por la
institución objeto de evaluación.
Del
sistema en sí
La evaluación institucional
no nace como una práctica formal desde el seno de la propia comunidad
universitaria
No se desarrollaron
estrategias tendientes a lograr una toma de conciencia de los beneficios que
están implícitos en estas prácticas, haciendo hincapié en que las mismas se
realizan en pos del mejoramiento institucional.
No existió en forma previa a
su aplicación capacitación seria de evaluador y evaluado.
Los procesos de acreditación
de carreras de grado (comprendidas en el artículo 43 de la LES) resultan
lentos.
Los instructivos para la
acreditación de carreras están diseñados para las universidades de gestión
pública. Su confección resulta complicada para el caso de las privadas, que
manejan otros mecanismos de asignación presupuestaria, de distribución de los
recursos y con regímenes de dedicación del claustro docente diversos.
Cierta dificultad en la
comprensión de algunos estándares mínimos a alcanzar (poco clara y vaga su
definición).
Algunas
fortalezas de los procesos de autoevaluación
Una autoevaluación seria
permite a toda la comunidad universitaria una visión clara de su situación,
objetiva percepciones individuales, compromete a todos sus actores, fomenta
actitudes reflexivas en su seno, permite el planeamiento estratégico.
Promueven la calidad. No se puede
hablar de calidad sin evaluación y control. Si no existen mecanismos de
autoevaluación de las funciones universitarias, de la gestión de los procesos,
de la infraestructura, de los servicios que brinda, de la vinculación
interinstitucional, entonces no hay calidad.
La acreditación de carreras,
de grado o posgrado, asegura los estándares mínimos de calidad.
La evaluación externa
permite, además de objetivar los resultados de la autoevaluación, constatar la
eficacia de los procesos de reflexión evidenciada o no en la consistencia de
los resultados de ambos procesos.
Consideraciones finales
La evaluación debe
ser práctica normal, continua,
sistemática y reflexiva de la
actividad universitaria. Debe orientarse al desarrollo y al mejoramiento del
sistema de educación superior. Todo tipo de institución de educación superior,
de gestión pública o privada, de carácter universitario o no universitario,
debe desarrollar en su comunidad una actitud responsable de autoevaluación de
todas las funciones, áreas y procesos involucrados, una forma de rendir cuentas a la sociedad.
Es deseable que
las agencias de evaluación promuevan acciones concretas para la capacitación de
los recursos de las universidades en estas áreas, logrando una gestión
participativa para el mejoramiento de todo el sistema de educación superior.
También debiera esperarse una actitud objetiva, ética y responsable, de quienes
tienen la ardua tarea de representar al evaluador, pudiendo entender la
situación particular de cada institución.
Por último, y en
relación a las agencias de evaluación, resulta importante pensar en una nueva
agencia de evaluación, en este caso privada, que surge de la asociación de
Universidades, que perseguirá los mismos fines que la CONEAU, y que seguramente
resultará un medio eficaz para afianzar un sistema mixto de evaluación y acreditación
a escala nacional.
